El mundo no puede mirar hacia otro lado mientras los talibanes esclavizan sexualmente a mujeres y niñas

El mundo no puede mirar hacia otro lado mientras los talibanes esclavizan sexualmente a mujeres y niñas

Combatientes talibanes hacen guardia en un puesto de control en la ciudad de Farah, capital de la provincia de Farah en el suroeste de Afganistán, en agosto de 2021. Varias de las 34 capitales del país han caído en manos de los talibanes, una noticia nefasta para las mujeres de Afganistán.
AP Photo/Mohammad Asif Khan

Vrinda Narain, McGill University

Desde la retirada de las fuerzas estadounidenses y de la OTAN de Afganistán, el pasado mes de julio, los talibanes se han hecho rápidamente con el control de amplias zonas del país, y ahora están rodeando Kabul tras tomar varias capitales de provincia. Aunque los talibanes y el gobierno afgano están negociando, las perspectivas de un resultado pacífico se desvanecen rápidamente.

Envalentonados por su continuo éxito, la falta de resistencia de las fuerzas afganas y la mínima presión internacional, los talibanes han intensificado su violencia. Para las mujeres afganas, su creciente poder es aterrador.

A principios de julio, los líderes talibanes que tomaron el control de las provincias de Badakhshan y Takhar emitieron una orden a los líderes religiosos locales para que les proporcionaran una lista de niñas mayores de 15 años y viudas menores de 45 para “casarse” con combatientes talibanes. Todavía no se sabe si han cumplido.

Una niña afgana mira desde la solapa de una tienda de campaña, con el pelo tapándole la cara
Una niña afgana desplazada mira desde su tienda improvisada en un campamento del norte de Afganistán en julio de 2021.
(AP Photo/Rahmat Gul)

Si estos matrimonios forzados se llevan a cabo, las mujeres y las niñas serán llevadas a Waziristán, en Pakistán, para ser reeducadas y convertidas al “auténtico Islam”.

Esta orden ha provocado un profundo temor entre las mujeres y sus familias que viven en estas zonas y las ha obligado a huir y unirse a las filas de los desplazados internos, lo que se suma al desastre humanitario que se está produciendo en Afganistán. Solo en los últimos tres meses, 900.000 personas han sido desplazadas.

Reminiscencias del brutal gobierno talibán

Esta directiva de los talibanes es una cruda advertencia de lo que se avecina y un duro recordatorio de su brutal régimen de 1996 a 2001, durante el cual las mujeres fueron sometidas a persistentes violaciones de los derechos humanos, se les negó el empleo y la educación, se les obligó a llevar el burka y se les prohibió salir de casa sin un “tutor” masculino o mahram.

A pesar de afirmar que han cambiado su postura respecto a los derechos de las mujeres, las acciones de los talibanes y sus últimos esfuerzos por someter a miles de mujeres a la esclavitud sexual demuestran todo lo contrario.

Además, los talibanes han señalado su intención de negar la educación de las niñas más allá de los 12 años, prohibir el empleo de las mujeres y reinstaurar la ley que exige que las mujeres estén acompañadas por un tutor.

Mujeres y niños afganos viajan en un carro de motocicleta
Mujeres y niños afganos viajan en un carro de motocicleta en la provincia de Herat, al oeste de Kabul, en agosto de 2021.
(AP Photo/Hamed Sarfarazi)

Los avances logrados por las mujeres afganas en los últimos 20 años, sobre todo en materia de educación, empleo y participación política, están gravemente amenazados.

Ofrecer “esposas” es una estrategia destinada a atraer a los militantes para que se unan a los talibanes. Se trata de una esclavitud sexual, no de un matrimonio, y obligar a las mujeres a la esclavitud sexual bajo la apariencia de un matrimonio es tanto un crimen de guerra como un crimen contra la humanidad. El artículo 27 de la Convención de Ginebra establece:

“Las mujeres deben ser especialmente protegidas contra todo atentado a su honor, en particular contra la violación, la prostitución forzada o cualquier otra forma de atentado a su pudor”.

En 2008, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptó la Resolución 1820 declarando que “la violación y otras formas de violencia sexual pueden constituir crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad”. Reconoce la violencia sexual como una táctica de guerra destinada a humillar, dominar e infundir miedo a los miembros civiles de la comunidad.

Cómo contraatacar

La ONU debe actuar ahora con decisión para evitar que se cometan más atrocidades contra las mujeres en Afganistán.

Propongo cuatro acciones políticas para que la comunidad internacional logre una paz sostenible. Se guían por la Resolución 1820 que subraya la importancia de incluir a las mujeres como participantes iguales en el proceso de paz y condena todas las formas de violencia de género contra los civiles en los conflictos armados:

  1. Pedir un alto el fuego inmediato para garantizar que el proceso de paz pueda avanzar de buena fe.
  2. Garantizar el respeto de los derechos de las mujeres, consagrados en la Constitución de Afganistán, la legislación nacional y el derecho internacional.
  3. Insistir en que las negociaciones de paz continúen con una participación significativa de las mujeres afganas. Actualmente, solo hay cuatro mujeres negociadoras de paz en el equipo del gobierno afgano y ninguna en el de los talibanes.
  4. El levantamiento de las sanciones contra los talibanes debe estar condicionado a su compromiso de defender los derechos de las mujeres. La Unión Europea y Estados Unidos, que actualmente son los mayores donantes de Afganistán, deben condicionar la ayuda a los derechos de las mujeres y a su acceso a la educación y al empleo.

Las mujeres de Afganistán y de toda la región agradecerían los esfuerzos de la ONU y de la comunidad internacional para garantizar que las supervivientes de la violencia sexual tengan la misma protección ante la ley y el mismo acceso a la justicia.

No debe haber impunidad para los actos de violencia sexual como parte de un enfoque integral para buscar la paz sostenible, la justicia y la reconciliación nacional en Afganistán.The Conversation

Vrinda Narain, Associate Professor, Faculty of Law, Centre for Human Rights and Legal Pluralism; Max Bell School of Public Policy, McGill University

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.

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